La nueva normativa establece que cualquier comerciante que no rotule o realice las facturas, contratos, instrucciones, folletos publicitarios o presupuestos de su comercio al menos en catalán puede ser multado hasta con 10.000 euros, cuando hasta el momento el castigo alcanzaba como máximo los 3.000.
Además la norma establece el precepto de la "disponibilidad lingüística" que obliga a los comerciantes a cumplir el deber de responder en catalán a los consumidores que se les dirijan en este idioma.
Causas de esta medida: (1) han gastado más de la cuenta y no saben de dónde van a sacar dinero y (2) necesitan apretar las tuercas aún más porque alguno puede desobedecer y alguno se lo pensará dos veces ante la posibilidad de tener que pagar 10.000€.
Lectura recomendada: Xurde Rocamundi contra la imposición lingüística nacional-socialista de las Administraciones catalanas. Blog de Xurde Rocamundi. ¿Debe el Estado imponer una lengua?
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